ELN / FARC

Las rentas millonarias

por extorsión en la frontera

El Amparo - Arauca

TESTIMONIOS

Con violencia de por medio

Los grupos irregulares introducen el dinero obtenido a través de la extorsión a la economía formal. Lo hacen a través de créditos que otorgan en Colombia para ayudar en el capital de los negocios, así como préstamos a diferentes plazos, como si se tratara de una entidad bancaria. En Venezuela los ofrecen para emergencias financieras, generalmente relacionadas con la salud. Los créditos son otorgados con intereses de 10% y la contraparte debe debe entregar cuentas a la organización. El incumplimiento de estos pagos puede acarrear desde un llamado de atención a través de las redes sociales, como ocurre en Guasdualito, hasta el cobro de la deuda con la vida de la persona, algo que ocurre en ambos lados de la frontera.

Esta investigación periodística fue auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)

Gremios ganaderos de Apure sostienen que al menos 75% de los 8.600 agremiados en ese municipio apureño (cifra del año 2011, última disponible), son extorsionados actualmente por el ELN, grupo que ejerce el control territorial y gobernanza criminal en la zona desde hace más de 40 años.

El escenario era peor en 2022. Al menos hasta mayo de ese año, además del ELN eran intimidados por las disidencias de las FARC y un grupo irregular venezolano conocido como Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), a cuyos miembros llaman “boliches”.

Ambos grupos fueron desplazados de la zona después de que se produjera la “guerra de guerrillas”, un enfrentamiento a sangre y fuego que comenzó el 31 de diciembre de 2021 entre el frente Domingo Laín del ELN y los frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC-EP (Ejército del Pueblo), en la población de El Nula, localidad apureña ubicada al oeste del municipio José Antonio Páez, en Venezuela. Este enfrentamiento se mantiene activo, y hasta junio de 2023, llevaba más de 200 asesinatos sólo del lado colombiano, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad de Colombia.

Antes de la “guerra de guerrillas” ambos grupos colombianos mantenían una convivencia mínima y se repartían las zonas y rentas criminales provenientes del tráfico de personas y mercancía del río Arauca, así como de las extorsiones a sectores productivos de ambos lados de la frontera. Ambos, unidos, desplazaron en 2021 a la banda criminal venezolana “Tren de Aragua”, cuando intentó controlar el río Arauca para sumarlo a sus prácticas delictivas.

Las FBL, grupo irregular apureño, operaba en el municipio José Antonio Páez en complicidad con las disidencias de la FARC-EP antes de que se produjera esta guerra, por ello, también terminaron siendo apartados de esta zona fronteriza, sobre todo de Guasdualito. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes consultadas para esta investigación, las FBL y las disidencias de las FARC-EP aún operan mínimamente en Guasdualito y otras comunidades rurales vecinas.

Todo este contexto explica por qué, actualmente, los ganaderos venezolanos de este municipio apureño aclaran que tienen cerca de 18 meses sin ser extorsionados por los llamados “boliches” y las disidencias de las FARC-EP. Sus rentas se las está llevando el ELN.

A partir de la reportería realizada entre El Amparo y Guasdualito, se pudo determinar que, al menos, 37 millones de dólares al año es la cantidad que recoge el ELN por las extorsiones a ganaderos que tienen sus fincas en el municipio José Antonio Páez de Apure.

La estimación fue calculada con base en la cantidad de productores ganaderos que hay en el municipio (no menos de 10.000 productores) y la estimación de que al menos 75% de ellos son víctimas de extorsión. El pago que les exige el ELN oscila entre 200 y 400 dólares mensuales, a partir de un acuerdo previo entre ambas partes.

En Guasdualito, localidad venezolana donde están presentes los dos grupos colombianos, varias fuentes advirtieron que allí el ELN cobra menos que las disidencias de las FARC-EP, cerca de 2.000 dólares anuales. Allí la extorsión se aplica con la visita de un guerrillero vestido de civil, que las víctimas llaman “lavado” porque no porta uniforme.

Antes de ser disminuidas y desplazadas, las FBL extorsionaban con fuerza. A los productores que poseían más de 500 reses les aplicaban una cuota fija de una res cada seis meses. También les cobraban, entre 2021 y 2022, 5.000 pesos colombianos (1 dólar) por cada res movilizada de sus fincas. Si el productor trasladaba 50 toros pagaba 250.000 pesos colombianos (50 dólares). Adicionalmente, en ese mismo período las FBL y las disidencias de las FARC-EP robaban un estimado de 500 reses en el municipio José Antonio Páez, de acuerdo con el gremio ganadero.

En 2022, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), denunció que el sector pierde unas 700.000 reses anuales por abigeato y contrabando de la guerrilla colombiana. De esa cantidad, indican, 30% sale hacia Colombia a través de la frontera de Apure, donde el ganado se comercializa al doble del precio que tiene en Venezuela.

Otra dinámica en Arauca

El enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP, aún activo, cambió la dinámica extorsiva con los ganaderos de Arauca, en el departamento homónimo colombiano, fronterizo con El Amparo de Apure. La dispersión y movilidad de los grupos armados para huir de la justicia y de la zona de fuego, así como el trato directo entre el productor y el grupo irregular para acordar el monto y tipo de pago (dejaron de tener una tasa fija de “impuesto de guerra”), hacen incuantificables las extorsiones a ganaderos en esta localidad.

Actualmente, explicaron los entrevistados, los cobros son constantes y aplican sobre la movilización de animales, uso de maquinarias, insumos o cualquier cosa que desee el grupo irregular, solicitados en moneda colombiana, reses u otras opciones. Los guerrilleros se presentan en las fincas o interceptan a los ganaderos en las carreteras de Arauca, armados. Incluso, la delincuencia común también aprovecha el clima de hostilidad actual, hacen llamadas extorsivas en las que amenazan con hacerle daño a un familiar si se niegan a entregar lo que piden.

Como la extorsión es más anárquica y desorganizada en la actualidad, el asedio de los grupos irregulares colombianos es mayor. Antes de la pandemia de la covid-19, imperaban los cobros fijos del “impuesto de guerra” y la dinámica era distinta: los guerrilleros mandaban a buscar al productor, lo llamaban o le enviaban una notificación en papel a sus oficinas o fincas donde detallaban el día y la hora de la cita con “el financiero” o administrador de la guerrilla para que hicieran el pago. Indicaban hasta los documentos que debían llevar para, previa comprobación, pechar la producción con el equivalente a 5% a 10% de los ingresos, dependiendo del sector productivo y la situación de cada víctima, explicaron los entrevistados. Así, pagaban una sola vez y a un solo grupo irregular, pues existía una especie de cláusula de respeto: si alguien le pagaba al ELN, no le pagaba a las FARC-EP.

Los ganaderos entrevistados en Arauca afirmaron que, aunque la extorsión actual pueda ser negociada de acuerdo a la disponibilidad de la víctima, igual representa una pérdida importante porque la aplican para todo, incluso cuando el productor vende una res sabe que deberá entregar un porcentaje de la transacción a los irregulares y si la delincuencia común se entera, también a ellos.

En esta zona las fincas están clasificadas, al menos eso aseguran los productores, pues sostienen que los grupos irregulares visitan a los productores que tienen cierto perfil. Por ejemplo, en el municipio araucano Cravo Norte, llegan a las fincas que tienen más de 100 cabezas de ganado y “si el ganadero se niega a pagar la vacuna es secuestrado por grupos de todo tipo”, reveló una hacendada colombiana.

Empresas contratistas: otro botín

Las empresas contratistas que prestan sus servicios a la estatal colombiana Ecopetrol, dedicada a la explotación petrolera, son otro blanco del denominado “impuesto de guerra” en Arauca. El ELN es el grupo que, tradicionalmente, ha dominado este delito en este sector.

La extorsión a estas empresas contratistas se realiza de acuerdo al método de rendición de cuentas al “financiero” del ELN. El incumplimiento del aporte acarrea sanciones que van desde retenciones, restricción de la movilidad de transporte de trabajadores e insumos para la producción, hasta consecuencias más extremas como la explosión del oleoducto Caño Limón Coveñas, que transporta el crudo araucano hasta la refinería de Puerto Coveñas, en la costa del caribe colombiano. De acuerdo con la organización Crudo Transparente, el ELN es responsable de más de 1.500 atentados a esta instalación petrolera y del derrame de más de 3,5 millones de barriles de petróleo, el atentado más reciente se registró en marzo de 2023.

La extorsión a estas empresas es reconocida por las autoridades policiales y militares colombianas. En abril de 2023, el coronel y director de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), de la policía de Arauca, informó la detención de alias Bigote, responsable de las extorsiones del ELN en esta región llanera colombiana. Esta persona cobraba anualmente entre 5% y 10% de sus ingresos a las empresas contratistas del Estado. Los comerciantes y transportistas debían pagarle entre 500.000 pesos (122 dólares) y 3.000.000 de pesos (732 dólares), mientras que los integrantes del gremio de productores de arroz debían desembolsar un promedio de 2.500.000 pesos (610 dólares) por hectárea cultivada.

El “impuesto de guerra” continúa vigente en este sector, a pesar de las negociaciones que el gobierno de Gustavo Petro mantiene con la guerrilla del ELN. En el encuentro de La Habana, Cuba, de junio de 2023, Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo irregular, expresó que mantendrán las extorsiones y los secuestros, prácticas que sustentan al ELN.

Para conocer un estimado del ingreso por extorsión que recauda el ELN en el campo de las empresas contratistas, el equipo de reporteros revisó el Portal Anticorrupción de Colombia, donde se encuentra la información oficial de las empresas contratistas, montos asignados por los contratos y las obras o servicios que deben ejecutar.

Esta información de acceso público permitió identificar que en 2022 los fondos invertidos por el Estado colombiano en las empresas contratistas de Arauca ascendieron a 63.715.814 dólares. Si se tiene en cuenta que el ELN cobraba entre 5% a 10% de los montos de los contratos, quiere decir que este grupo irregular recaudaba por estas extorsiones entre 3 millones y 6 millones de dólares al año.

El dinero que llueve como arroz

Cuando los medios araucanos publicaron la detención de alias Bigote, el 18 de abril de 2023, detallaron que guardaba relación con una denuncia de extorsión de 200 millones de pesos colombianos (48.780,48 dólares) a un productor de arroz araucano, correspondientes a la siembra de 800 hectáreas. Esto dejó en evidencia cuán afectado está el sector agrícola en el departamento de Arauca.

Según la prensa local, el guerrillero citó al productor de arroz en el sector Guafita de la parroquia El Amparo, estado venezolano de Apure. Vía WhatsApp, el delincuente contactó al productor y le exigió entregar la cuota inicial de 2.500.000 pesos colombianos (609,75 dólares), que en adelante debía pagar, por cada hectárea.

Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, en el año 2022 se sembraron en el municipio Arauca 9.231 hectáreas de arroz. Tomando en consideración el tabulador del ELN para este sector, se estima que la renta de la extorsión obtenida por el grupo guerrillero, en ese año, pudo acercarse a los 5.628.658 dólares.

La extorsión a la producción arrocera de Arauca es casi tan productiva para los irregulares como la de la industria petrolera. Los productores del sector, entrevistados para esta investigación, expresaron que estos cobros llegan a ser impagables y dificultan la posibilidad de dedicarse a la producción de arroz. El productor al que Bigote intentó extorsionar estaba comenzando en este negocio, por eso, no contaba con capital para pagar los más de 48.000 dólares que le exigió.

Ganaderos deben abandonar sus fincas cuando la guerrilla las requiere para sus reuniones

La denominada “ruta negra” del contrabando de ganado y narcotráfico es controlada por las disidencias de las FARC

Contratistas también son víctimas de las extorsiones de acuerdo al monto del contrato

Comerciantes deben ceñirse a las normas impuestas por los grupos irregulares en el tramo binacional

Control a toda la oferta comercial

El comercio es otro de los sectores productivos que están dentro de los objetivos de extorsión en esta frontera binacional, aunque de formas diferenciadas en un lado y otro, de acuerdo con la información aportada por comerciantes formales e informales, algunos activos y otros retirados de la actividad, entrevistados para esta investigación.

En Arauca, los montos extorsivos aplicados por la guerrilla varían según la capacidad financiera del comercio. Las fuentes consultadas refirieron la existencia de un tabulador promedio mensual de entre 250 dólares y 500 dólares. Según datos publicados por la Cámara de Comercio de Arauca, la capital del departamento colombiano tiene más 7.000 empresarios afiliados; esto pudiera generar entre 1.750.000 dólares y 3.500.000 dólares mensuales. Al año, pudieran superar los 20 millones de dólares si llegasen a extorsionar al 100% de los comerciantes araucanos.

En este sector productivo también tiene el control total el ELN. Este grupo autoriza desde la creación de un establecimiento, el monto a cobrar cada mes y hasta el monto de los intereses que solicitan por los préstamos que dan a algunos dueños de negocios, informaron los entrevistados. El ELN incluso se atribuye funciones de prestamista, ofreciendo “capital” para comenzar con un comercio o emprendimiento, o para mantenerlo a flote. Son préstamos al margen de cualquier dinámica bancaria, pero con los mismos principios.

Cuando otorgan este tipo de créditos irregulares cobran una tasa de interés de 10%. El beneficiario debe entregar cuentas a la organización, en este caso al ELN, sobre el dinero recibido, de lo contrario, el deudor es asesinado en distintas zonas de frontera, especialmente escogen lugares del centro de la ciudad colombiana de Arauca, en el río que lleva el mismo nombre y que limita con Apure, o en zonas rurales de la frontera. Por lo general, los ejecutores del crimen se desplazan en motocicletas. Este es el riesgo de aceptar un préstamo y después no poder saldar esa deuda.

Al igual que el resto de los sectores productivos, el “impuesto de guerra” al comercio se paga mensual o anualmente, dependiendo de los acuerdos entre las partes, pero en el actual contexto de enfrentamiento tanto el monto como la regularidad de los pagos se establece conforme a la urgencia de la guerrilla. “Nos llaman para cobrar la cuota del año siguiente, necesitan dinero para financiar la guerra y los comerciantes pagamos las consecuencias a nivel económico”, confesó un comerciante que ha vivido esta nueva dinámica.

Abrir un establecimiento comercial en cualquier país requeriría de un capital, cumplir con requisitos legales y el pago de impuestos. En Arauca, más allá de esos trámites rutinarios, hay otro proceso para poder iniciar operaciones con tranquilidad y tiene que ver con recibir la autorización de los grupos irregulares, concesión que se da previo pago de una extorsión, de acuerdo con los testimonios de empresarios de ese lado de la frontera.

Para presionar a los comerciantes que no están “aprobados” por ellos, el ELN les retiene los camiones en la vía, destruyen la mercancía o los inmovilizan, como ocurrió con la maquinaria agrícola de uno de los entrevistados que fue obligado a negociar para poder llevarla hasta su finca.

La competencia comercial también entra en el juego extorsivo. Los grandes comerciantes araucanos que pagan regularmente cuantiosas sumas de dinero en “impuesto de guerra” exigen a los irregulares restringir la instalación de nuevos negocios.

Además, la delincuencia común también entra en el negocio de la extorsión. Con algunos datos que estudian por redes sociales conocen el modo de vida de sus víctimas y a través de llamadas extorsivas exigen pagos, haciéndose pasar por la guerrilla.

Identificar estos actores es complejo porque en Colombia adquirir una tarjeta sim (línea de teléfono celular) cuesta menos de dos dólares y los venden en cualquier establecimiento, sin necesidad de hacer un registro a nombre del usuario.

Estas líneas son de uso corriente en El Amparo, del lado venezolano, y es por eso que los irregulares tienen acceso a grupos de WhatsApp y otras redes sociales. Desde allí obtienen información de sus potenciales víctimas.

En 2022, ante el elevado número de extorsiones, los empresarios colombianos solicitaron la exclusión de sus datos personales e información de contacto de las bases de datos de los sistemas públicos, lo cual tiene una repercusión en la reducción de llamadas extorsivas, indicaron fuentes del gremio.

La reapertura de la frontera, en enero de 2023, vista como una oportunidad para la integración binacional de los comerciantes a través del puente internacional José Antonio Páez, que une a las poblaciones de El Amparo (Venezuela) con Arauca (Colombia), no se ha concretado en su totalidad no solo por aspectos legales sino por miedo. A los comerciantes araucanos les aterra cruzar hacia El Amparo porque este pueblo es usado por el ELN para citar a las víctimas. “En El Amparo o en Guasdualito te llamaban por teléfono o alguien se acercaba al negocio y te ponían una cita”, confesó una comerciante que fue víctima de un secuestro.

En 2022, dos jóvenes venezolanos de las disidencias FARC resultaron asesinados en la "guerra de guerrillas". Cadáveres sin identificación son enterrados con la sigla “NC” que significa nacionalidad venezolana

Los grupos manejan la extorsión con talonarios.

La vida cotidiana de en el tramo binacional está sometida al control social de la guerrilla.

“Hace cuatro años viví una extorsión, me citaron en la plaza Bolívar de El Amparo, luego me llevaron a una cantina de licores y allí pagué 250 dólares por mi pequeño negocio”, expresó un comerciante. La apertura de la frontera fue vista como una oportunidad para la integración binacional en el sector comercial, pero del lado colombiano todavía permanece el miedo de pasar a Venezuela, ese temor viene dado porque en territorio apureño se acordaban las citas para los pagos de extorsión hechos por la guerrilla.

Durante el cierre de frontera en 2015 la creatividad se puso de manifiesto, el caudaloso río Arauca no fue obstáculo para cruzar de las orillas del río Arauca los carros d de forma improvisada en dos canoas (embarcaciones de madera), relata un trabajador del río Arauca quien contó que el cruzar un carro atrapado en algún lado de la frontera tenía un costo de 730 dólares. La mayor parte de los recursos económicos eran recibidos por los militares y la guerrilla, solo 50 dólares percibía el canoero, a pesar que este debía hacer el mayor esfuerzo para evitar el hundimiento del carro en el río Arauca.

“La guerrilla no mata a nadie por equivocación, solo mata a los torcidos, a los ladrones y violadores”, comentó una comerciante informal que recibió ayuda del ELN en una oportunidad y justifica los asesinatos de los delincuentes. Otro entrevistado asegura, que “el control por la paz y el orden” que dicen promover no es más que una fachada para aniquilar a los delincuentes negados a trabajar en sus organizaciones.

Varios autores*

En los llanos venezolanos, una de las rutas para llegar a Colombia es la del puente internacional José Antonio Páez, ubicado al oeste del estado Apure. La estructura, que comunica a la localidad de El Amparo con la población colombiana de Arauca, ambas separadas por el río que lleva el mismo nombre, es el paso formal para transitar entre ambos países. Pero a lo largo del río, en especial en los alrededores de esta zona, hay cruces informales en canoas que en tiempos de ruptura de relaciones bilaterales se convierten en la única opción de tránsito. Estas circunstancias son aprovechadas por los grupos irregulares colombianos y, también, por funcionarios venezolanos que buscan lucrarse con la necesidad de quienes deben cruzar.

En este contexto hay una dinámica delictiva que se ha naturalizado y ha dado origen a una “ruta extorsiva” difícil de evadir. Se trata de un tramo de 100 kilómetros de carretera que parte, desde la “Y de Dayco”, sector donde se origina el municipio José Antonio Páez que conecta a las comunidades intermedias de Totumito, Palmarito y Guasdualito con El Amparo. En este eje carretero se ubican las alcabalas fijas y, con frecuencia se instalan algunas móviles, que los migrantes pendulares y en tránsito, así como los transportistas de pasajeros y mercancías, señalan como lugares fijos de extorsión. ¿Los victimarios? Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, militares y civiles.

En este trayecto, que recorre parte del municipio José Antonio Páez, hay cuatro alcabalas (también llamadas puestos de atención al ciudadano) fijas: “Y de Dayco”, “Totumito”, “Y de La Victoria” y “Puente de Lata”, en ésta última, en ocasiones también participan funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Tres de cinco funcionarios de los puestos de control entrevistados para esta investigación dieron detalles de cuánto dinero pueden llegar a reunir en un mes, exigiendo dinero a los transeúntes como condición de dejarlos continuar su camino. Mensualmente, cada responsable de la alcabala debe entregar, obligatoriamente, no menos de 1.000 dólares al jefe de la unidad. Si la cifra recaudada es mayor, como suele pasar, el “excedente” se reparte entre los funcionarios. En ocasiones, cuando se trata de una “buena noche”, pueden llegar a reunir unos 5 millones de pesos en una alcabala, equivalentes a poco más de 1.200 dólares. Estos cobros por extorsión también son llamados “matraca” en Venezuela.

Considerando esa dinámica, la cifra mensual de recaudación por cada alcabala se traduce en unos 2.200 dólares como mínimo, 26.400 dólares al año en cada uno de esos cuatro puntos de control fijos. Entre todos, la recaudación anual puede superar los 105.000 dólares, una cantidad conservadora que no incluye las rentas recaudadas por las alcabalas itinerantes, pero evidencia la magnitud del delito en un trayecto de tan solo 100 kilómetros. Este es uno de los hallazgos de la segunda entrega del proyecto transfronterizo “Apure-Arauca, Sociedad Anónima”, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR). Para esta investigación se hicieron 60 entrevistas (25 en Arauca y 35 entre Guasdualito y El Amparo), entre víctimas, testigos y especialistas, quienes por razones de seguridad exigieron no revelar sus identidades.

En este último tramo de 100 kilómetros (forma parte de la extensa Troncal 19 que tiene una longitud de 450 kilómetros y atraviesa al estado Apure de este a oeste, para conectar a la capital, San Fernando, con la ciudad de Guasdualito, la capital del municipio fronterizo José Antonio Páez), funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ejército Nacional venezolano, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía Bolivariana de Apure (PBA) también instalan alcabalas itinerantes con fines extorsivos.

“La ruta extorsiva de Apure” es la guillotina para los migrantes pendulares y en tránsito

Pero los cobros no terminan en esos puntos fijos y móviles. El final de la ruta extorsiva la marcan tres pasos de canoas o puertos ubicados en El Amparo, en la orilla venezolana del río Arauca, conocidos como “Don Elías”, “Los Indios o Metoquina” y “Costa del Caño”. De acuerdo con los entrevistados en la zona, estos son los más activos en la dinámica extorsiva.

Los cobros de dinero, casi en su totalidad en moneda colombiana, pasan a ser parte del sustento de los funcionarios de seguridad, así como de las instituciones militares y gubernamentales de Venezuela, de acuerdo con los testimonios recogidos en la zona.

La alcabala “Y de Dayco”, ubicada en el límite de los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos está adscrita a la GNB, al igual que “Totumito” y “Puente de Lata”, mientras que el puesto de control “Y de La Victoria” depende del Ejército Bolivariano.

Rentas robadas a los migrantes

En el año 2015, la escasez de alimentos vivida en Venezuela no tuvo precedentes. Las carencias generaron un clima de conflictividad en las calles, saqueos y malestar por la inflación que se encaminaba hacia una hiperinflación que finalmente estalló en noviembre de 2017. Este contexto generó un flujo importante de migración pendular (las personas que van y vienen entre ambos países) y en tránsito (en su mayoría migrantes venezolanos que huyen del país). Miles de venezolanos comenzaron a cruzar hacia Colombia en busca de alimentos y productos de primera necesidad -primero- y luego para procurarse una mejor vida. Esto favoreció la instalación de prácticas extorsivas de funcionarios militares y civiles destacados en las alcabalas o puestos de atención fronterizos. La crisis económica también comenzó a afectar a los trabajadores públicos del país.

Los flujos más altos de la migración pendular y en tránsito en esta frontera de El Amparo-Arauca se registraron entre 2015 y 2018 cuando, según los transportistas de la zona, una sola línea de transporte movilizaba hasta 1.500 migrantes diarios y, según la Personería de Arauca, hasta 700 personas ingresaban diariamente por sólo uno de los cinco puertos del río Arauca que el organismo monitoreaba en la orilla colombiana. Incluso llegaron a recibir hasta más de 3.000 venezolanos por día para ofrecerles información y ayuda humanitaria.

Cuatro de cinco funcionarios militares y policiales consultados para esta investigación binacional confirmaron que entre los años 2015 y 2021 las alcabalas registraban buen rendimiento por las extorsiones a los migrantes pendulares y en tránsito. En la actualidad, aseguran, los ingresos por este delito han bajado porque la migración ha descendido. “Ahora la gente muy poco viaja y los precios en Colombia empezaron a subir mucho y ya los números no cuadran”, aseguró un transportista de mercancía apureño. Explicó que el dinero que se ahorraban comprando en Arauca terminaban perdiéndolo en los pagos que debían hacer en cada alcabala, así que “llegó un momento en que no daba, no era rentable”, agregó.

Al terminal de Guasdualito llegan pasajeros desde San Fernando y otras ciudades

de Venezuela que van hasta Arauca, Colombia y son extorsionados en la “Ruta extorsiva de Apure”

De acuerdo con el reporte de los conductores de transporte público de la Troncal 19, el número de migrantes, pendulares y en tránsito, ha descendido en casi 90% y no supera las 400 personas diarias. Aunque esto ha significado una merma del número de víctimas de extorsión, no ha disminuido la práctica extorsiva de los funcionarios militares y civiles destacados en las alcabalas. Según los testimonios de seis transportistas, se ha intensificado y envilecido con el reducido número de pasajeros y mercancía movilizada por la “ruta extorsiva de Apure”.

“A los pasajeros les dicen: ‘¡Bájense y abran todo!’ Hay maltrato al usuario, abuso de autoridad y de poder y extorsión. A veces no nos detienen en las alcabalas porque los mismos usuarios recogen plata y le dan a los guardias”, relató el conductor de una línea de transporte público.

Dos líneas de transporte público que realizan viajes todos los días desde San Fernando hasta Guasdualito transportan 252 pasajeros semanales, de los cuales 70% son migrantes en tránsito y el restante 30% son migrantes pendulares. Además, reportan que el número de sus pasajeros ha descendido en más de 80% con respecto a las más de 120 personas que movilizaban diariamente hace seis años atrás, el período de mayor afluencia.

Los transportistas deben pasar por seis alcabalas ubicadas a lo largo de los 450 kilómetros de la carretera San Fernando-Guasdualito (Troncal 19), durante el día, en las cuales los pasajeros son expoliados con frecuencia, en especial en las dos últimas, “Y de Dayco” y “Totumito”, localizadas dentro de la “ruta extorsiva”, y otras adicionales, itinerantes, que instalan ocasionalmente en las noches.

“Es ilegal en Venezuela que bajen a los pasajeros y los retengan más de 15 minutos, si traen su factura legal deben dejarlos pasar, pero hay ocasiones en que los dejan hasta una hora y media. Les quitan, más que todo, mercancía, aunque ellos vengan legal con su registro de comercio y todo”, detalló un conductor.

La extorsión a los migrantes pendulares, por lo general, ocurre durante el retorno de la ciudad colombiana de Arauca hacia el interior del estado Apure. Usualmente los comerciantes informales compran mercancía colombiana para revenderla en Venezuela y la transportan en sacos dentro del autobús.

La extorsión en las alcabalas de Venezuela es indiscriminada, los funcionarios

intimidan a los pasajeros.

La extorsión se solicita en dinero o con una porción de la mercancía trasladada y, aunque la cantidad es relativa, no suele ser menor a 20 dólares en efectivo o su equivalente en especies. De Apure hacia Arauca el expolio es menor, sobre todo a migrantes en tránsito, la mayoría de las extorsiones están asociadas a la ilegalidad de los documentos o ausencia y mercancía de contrabando, indicaron seis transportistas y dos funcionarios policiales activos.

Los documentos, una excusa

La alcabala de “Puente de Lata”, ubicada en la entrada de El Amparo, es casi la última en la cadena extorsiva antes de ingresar a Arauca, en sentido hacia Colombia, y una de las primeras para entrar a Guasdualito, en sentido hacia la capital del estado Apure. Esta ubicación facilita a los funcionarios condicionar el libre tránsito a los migrantes pendulares y transportistas. Es la de peor reputación. La más temida. La mayoría de las denuncias de los entrevistados consultados tienen que ver con este “punto de atención al ciudadano”, irónicamente.

“Puente de Lata” está a cargo de funcionarios de la GNB, pero suele haber presencia de la Policía de Migración de la PNB, de agentes del SENIAT y del SAIME. Las principales armas de los funcionarios en esta alcabala son el miedo y el desconocimiento, como le ocurrió a una señora a quien un policía de migración le pidió 50.000 pesos colombianos (12 dólares) porque su hijo de 17 años no portaba la cédula de identidad sino la partida de nacimiento. “Ella se fue en llanto de la impotencia y de ver que el funcionario los dejó hasta sin pasaje”, relató un familiar de la víctima.

Cuando se trata de migrantes en tránsito, aquellos venezolanos que se van del país sin planes de volver, la extorsión es propuesta por los funcionarios cuando falta algún documento de identidad de los adultos y de los niños, según indicaron 51 personas entre víctimas y testigos.

Dos taxistas que cubren la ruta Guasdualito-El Amparo relataron que cuando trasladan a un adulto con un niño sin permiso de los padres les alertan que antes de llegar a la alcabala de “Puente de Lata” deben pagar cinco dólares a los funcionarios de Migración. Aseguraron que si el pasajero siente confianza le piden al conductor que hagan ellos el negocio.

“Si el migrante no cree, al llegar a la alcabala lo van a extorsionar más. Esta semana yo iba para El Amparo, llevaba una muchacha con un niño y me dijeron que diera la vuelta, le metieron miedo y le quitaron unos dólares que cargaba para ir a Colombia”, relató el conductor.

En las alcabalas fijas y móviles el monto menor por extorsión a migrantes pendulares es de 20 dólares y a migrantes en tránsito entre 5 y 10 dólares.

En estos casos ocurre doble delito, no solo el de la extorsión sino el de permitir a un adulto viajar con niño sin mostrar la autorización de ambos padres, algo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Este permiso legal de los padres del menor de edad busca evitar el tráfico y trata de niños.

Más recientemente, en abril de 2023, dos mujeres que llegaban en una unidad de transporte público a El Amparo, procedentes de La Victoria, estado Aragua (al norte de Venezuela) y con destino a la ciudad colombiana de Arauca, revelaron a los reporteros que antes de llegar a la frontera habían sido extorsionadas en tres de las cuatro alcabalas de la “ruta extorsiva” porque no llevaban consigo el permiso paterno para viajar con sus hijos pequeños.

Una de las pasajeras pagó 30 dólares, 10 dólares por alcabala, y la otra 11.000 pesos colombianos (cerca de dos dólares y medio) en “Y de Dayco” y 13.000 pesos más (tres dólares) en “Totumitos”. “En ‘Puente de Lata’ no pagué nada porque me quedé sin plata y el guardia se conmovió y me dejó pasar”, detalló una de las entrevistadas mientras viajaba en una canoa desde El Amparo hasta Arauca.

Ambas mujeres ratificaron que en estas tres alcabalas, durante años, los funcionarios de seguridad han ejercido la práctica extorsiva. Relataron que en un viaje previo, en 2022, presenciaron cuando un hombre que viajaba junto a sus hijos menores de edad y quien tampoco portaba la autorización de viaje de la madre de sus niños, pagó una extorsión de 180 dólares, 60 dólares en cada una de estas alcabalas (30 dólares por cada uno de los dos niños menores de edad que lo acompañaban).

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Del universo de entrevistados para esta investigación destacan otros más, como el caso de una persona que pagó 20 dólares en “Puente de Lata” por sellar su pasaporte, trámite que según la ley es un derecho y, por tanto, no se cobra. O el de un araucano que debió pagar 180 dólares de extorsión en esa misma alcabala por mostrar una cédula venezolana falsa, una irregularidad que cometió porque, afirmó, tenía temor de ser detenido en las poblaciones venezolanas por poseer cédula colombiana.

Los pasos de canoa del río Arauca son el último eslabón de la ruta extorsiva

y donde extorsionan militares y guerrilleros.

En medio de todo este contexto, también han comenzado a aflorar los llamados “coyotes”. Un funcionario de una institución pública araucana encargada de ofrecer ayuda legal a los migrantes venezolanos, alertó que, de acuerdo con las personas que han atendido, han detectado que existe complicidad entre los coyotes que trasladan a estas personas y los funcionarios de las alcabalas venezolanas. Los coyotes ofrecen a los migrantes viajes directos a grandes ciudades de Colombia y a otros países del mundo.

En redes sociales es posible conseguir planes de viajes armados por estas personas, donde ofrecen traslados desde los estados del centro de Venezuela hacia Arauca. Incluyen hotel, comida, estadía y movilización, previo acuerdo con los funcionarios de las alcabalas.

La Personería de Arauca informó, que antes de la reapertura fronteriza, las autoridades de Arauca capturaron a un famoso coyote que trabajaba en la zona. Usaba una unidad de transporte, que dejaba a las afueras de la localidad, para movilizar a los migrantes venezolanos, a quienes cobraba 400.000 pesos o su equivalente en dólares (USD 100) para traerlos hasta Arauca.

El cuarto del terror y otras estrategias

En más de 20 recorridos en unidades de transporte público realizadas durante el mes de abril en la zona, el equipo de reporteros detectó otra irregularidad que ocurre en la alcabala de Puente de Lata. Por lo general, después de que los funcionarios ingresan a los autobuses para hacer las revisiones, incluyendo comentarios intimidantes y perros antidrogas, llaman a al menos dos pasajeros para que los acompañen a las oficinas de este puesto de control. Lo hacen en uno de cada dos viajes.

Una de esas oficinas es conocida por los lugareños como “el cuarto del terror”. Según varias fuentes, allí envían a personas que no conocen la dinámica, por lo que proceden a atemorizarlas y extorsionarlas haciendo uso de mecanismos coercitivos. Aseguran que en esas instalaciones han ocurrido hasta abusos sexuales a mujeres que no tienen recursos económicos para pagar la extorsión.

Yeison Builes, ciudadano de nacionalidad colombiana, denunció en un video difundido en redes sociales, en abril de 2023, lo vivido en esa habitación. Relató que un funcionario de la GNB le robó 60 dólares y 450 mil pesos colombianos en efectivo, equivalentes a 100 dólares, más el celular y lo sometió a un trato cruel y degradante por no portar pasaporte, aun cuando no es obligatorio porque los colombianos y venezolanos pueden transitar, libremente, en el área fronteriza con la cédula de identidad de su país de origen.

Builes recordó en el vídeo que el militar venezolano le pidió que se quitara la ropa para saber qué tipo de objetos llevaba con él. “Le tomó fotos a la cédula y me dice que en las otras alcabalas no me iban a parar. La verdad quiero decirle a ese funcionario que me hizo un daño”, expresó en la grabación que difundió.

El “matraqueo”, como llaman en Venezuela a la extorsión de los funcionarios militares y policiales, se ha normalizado tanto en la frontera de El Amparo-Arauca que los pequeños comerciantes que buscan productos en Colombia para revender ya saben lo que deben dejar en estas alcabalas: un desodorante, una pasta dental y un jabón de baño por un saco de mercancía es lo mínimo para evitar decomisos. No hay tarifa fija, todo se establece a criterio del funcionario, de acuerdo con las decenas de víctimas y testigos consultados.

Un comerciante relató que esta práctica delictiva obliga a los trabajadores honestos a corromperse porque “de lo contrario, no te dejan trabajar”. Aseguró que cuando la persona no acepta pagar el monto solicitado, que puede ascender a 500 dólares en algunos casos, la pueden dejar sin mercancía y sin dinero, e incluso le pueden levantar un procedimiento para llevarla a la cárcel, como le ocurrió a un familiar en 2021. Esta persona transportaba mercancía comprada en Arauca para revenderla en las bodegas ubicadas a lo largo de la Troncal 19, entre El Amparo y San Fernando de Apure, y por no haber pagado una “desproporcionada” suma de dinero en una alcabala itinerante de la GNB, instalada en la población de Mantecal -a 250 kilómetros de la capital apureña- fue llevada a juicio por supuesto contrabando.

“La persona encargada en Mantecal no avisó que habían cambiado al capitán de la Guardia y que había que alinearse con él, o sea, que se le había pagado al saliente y al entrante no, y esa fue la razón por la que él tuvo esa sentencia y todo”, narró el familiar de la víctima.

Por la “siembra” o levantamiento de “falsos positivos” también hay denuncias del puesto de control de la Guardia Nacional llamado “Totumito”. Una denuncia reciente difundida por la prensa fue la de Katharina Maichle, ciudadana alemana encarcelada en Venezuela, a finales de 2021. Ella y su pareja fueron detenidos en “Totumitos” por presunta posesión de drogas, pero ambos han sostenido que son inocentes y que, debido a su apariencia de hippies, “fueron sembrados por funcionarios malintencionados para, presuntamente, apropiarse de su dinero y pertenencias valorados en más de 6.000 dólares”, dijeron los abogados de la pareja a los portales de noticias Crónica Uno, La Patilla y Fe y Alegría.

La extorsión en el puesto de control “Y de Dayco” también ha trascendido a los medios de comunicación. En julio de 2021, campesinos de los municipios Páez y Rómulo Gallegos del Alto Apure manifestaron sentir temor cada vez que van a pasar por alguna alcabala militar o policial de las zonas por las extorsiones que aplican algunos funcionarios.

La extorsión a los migrantes pendulares y en tránsito depende de la cantidad y

tipo de mercancía que trasladen, la cantidad de maletas o la apariencia de la víctima.

En la frontera binacional, cuando se trata de alimentos la extorsión puede ser cobrada por los kilos. Tres habitantes de Guasdualito, que viajaban con carne de res y de cochino (entre 10 y 50 kilos), debieron pagar 1.000 pesos colombianos (0,24 dólares) por cada kilo en “Y de La Victoria” y “Puente de Lata”, así como en los pasos de canoa donde la extorsión de los funcionarios de la GNB, Infantería de Marina y Policía Nacional Bolivariana es conjunta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular colombiano.

Además de estas alcabalas fijas, o puestos de atención al ciudadano, en este trayecto hay alcabalas itinerantes o móviles que por lo general son instaladas por funcionarios policiales. Estas, según refirieron los entrevistados, suelen ser peores o, al menos, la arbitrariedad es mayor.

Un exmilitar venezolano explicó al equipo de reporteros que hasta el momento en que trabajó por esta vía, en 2022, “había una alcabala cada cinco kilómetros”, usualmente instaladas por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). “Toda la vida los militares han vivido de las regalías, pero ahora es institucional, ahorita usted no necesita ni una guía de movilización, sino más bien el dinero para pagar las extorsiones en las alcabalas de la guardia y de los policías”, confirmó un productor ganadero.

Los montos de las extorsiones de los policías que instalan este tipo de alcabalas son mayores de los exigidos por los guardias nacionales, explicaron dos funcionarios de seguridad jubilados. La causa, indicaron, es que la policía no tiene puntos fijos de extorsión como sí los tiene la GNB. “El policía sale hambreado cuando se pone en la carretera, por eso quiere quitarle lo más que pueda al que esté cargando mercancía. Entonces, lo que no hizo en una semana lo quiere hacer en un día”, explica el militar en situación de retiro.

Las alcabalas móviles extorsivas surgen de manera inesperada en esta extensa llanura.

Cadena de mando, cadena de favores

Las alcabalas fijas y móviles dispuestas por los entes de seguridad en la frontera del lado venezolano, en el municipio José Antonio Páez de Apure, se han convertido, desde el año 2015 hasta la actualidad, en una fuente de enriquecimiento para el sector militar, tanto comandantes generales como funcionarios de menor rango.

“Los funcionarios tienen que llevar cuotas a sus jefes porque no hay comida. Existen tarifarios a disposición solo de los directores, los jefes de las alcabalas son personal de confianza de los comandantes de cada organismo”, señaló un funcionario policial apureño activo, quien pidió la reserva de su nombre. Agregó que la mayoría de sus colegas asumen los gastos de gasolina o reparación de un caucho de las patrullas donde circulan, entre otros que se generan durante sus funciones. Circunstancias que llevan a unos cuantos a sumarse a la práctica de éste y otros delitos.

Los comandantes de los cuerpos de seguridad asignan personal de confianza en alcabalas estratégicas donde se produce dinero, como en las poblaciones de El Nula, Ciudad Sucre, La Victoria, El Amparo y Guacas de Riveras, del municipio José Antonio Páez. Cada alcabala debe producir por lo menos 1.000 dólares al mes, de acuerdo con tres funcionarios de seguridad consultados sobre el tema. Lo siguiente que suele ocurrir es que los jefes de los puestos de control se resguardan entre ellos para mantener los negocios ilícitos entre compañeros de armas, explicaron.

Un exfuncionario militar confirmó que las estructuras extorsivas de la GNB funcionan en toda la cadena de mando, hasta los niveles más altos. “Eso es una pirámide, ahí las alcabalas reportan a los comandantes de compañía, los comandantes de compañía al destacamento, el comandante de destacamento lo reporta al Comando Regional y así sube. No trabajan aislados, los hombres claves dependen del principal, estos se mueven con su gente de confianza, que son patria o muerte para poderse cuidar”.

De acuerdo con este militar testigo de la práctica, en las alcabalas fijas donde generalmente funciona un pelotón conformado por 15 o 20 funcionarios, hay dos o tres encargados de recoger el dinero y reportarlo a sus superiores. Es obligatorio, no puede reportar menos de 1.000 dólares al mes. La persona que rinde cuentas no es necesariamente el comandante de la unidad, incluso puede que estos funcionarios sean de mandos inferiores, pero en la práctica son los que controlan la extorsión en las alcabalas y forman parte de la estructura de confianza que se mueve con el comandante general cuando éste es cambiado o transferido, detalló.

La “Ruta extorsiva” son los últimos 100 kilómetros, antes de llegar al límite con Arauca,

de los 450 de la carretera nacional venezolana “Troncal 19” que atraviesa al estado Apure de

este a oeste.

Complicidad en los pasos de canoas

Los 60 entrevistados coincidieron en que el pago de la extorsión para el traslado de mercancía comienza cuando la canoa está cargada en los pasos fluviales del río Arauca y llega a la orilla venezolana, situada en El Amparo. Allí se debe hacer el pago al militar de la Marina, a la GNB y al guerrillero del ELN que suele estar presente.

Posteriormente, cuando los migrantes pendulares deciden montar la mercancía en el carro, comienza otra etapa en la cadena extorsiva, pues saben que deben pagar altas sumas de dinero a los policías de El Amparo, a la Guardia y al Ejército en las alcabalas para poder transitar, como se ha explicado anteriormente.

En los pasos de canoas o puertos conocidos como “Don Elías”, “Los Indios o Metoquina” y “La Costa del Caño”, en la orilla venezolana del río Arauca (El Amparo), la extorsión se desarrolla de forma conjunta entre funcionarios de la GNB, Infantería de Marina, PNB y el grupo armado irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional, aseveraron víctimas y pobladores durante el monitoreo realizado por equipo de reporteros en la zona.

Además existen otros 10 pasos o puertos en donde trabajan canoeros de los sectores Raúl Leoni, Caño Claro, Las Vegas, Curazao y Puente Páez que le reportan a “la liga de la sombra”, mote con el que hacen referencia a la complicidad existente entre militares venezolanos y guerrilla colombiana.

La alcabala Puente de Lata de la GNB en El Amparo es la más temida.

Los ingresos promedios en el paso de canoa “Costa del Caño”, uno de los que tiene actividad media, eran de aproximadamente 1.600 dólares diarios (8 millones de pesos) en 2021, de acuerdo con fuentes familiarizadas con la dinámica de este puerto. Ese mismo año, por el control de este paso se originó la confrontación armada entre la banda criminal venezolana Tren de Aragua y las disidencias FARC-EP, que de acuerdo a datos recopilados por la prensa nacional dejó 30 muertos ese año, cuando el control del río lo ejercía esa guerrilla y no el ELN, grupo que está a cargo actualmente.

“En el paso de canoa Boca del Caño están juntos la guerrilla, la GNB y la Marina. A la Marina y a la guardia se le paga por pase, es decir, que, si pasas 20 sacos, debes pagar por unidad, y a la guerrilla se le paga una cuota semanal si pasas mercancía de manera habitual”, indicó un migrante pendular que surte su bodega localizada en Guasdualito con mercancía colombiana.

Los canoeros que transportan mercancía desde Arauca hacia El Amparo dejan el 50% de sus ganancias diarias a la guerrilla GNB, Marina y PNB. Foto referencial.

Cuando el canoero llega a El Amparo le caen como zamuros el guardia, el policía y el potero o potera de la guerrilla y el canoero le da su parte a cada quien, ahí mismo, a plena vista y a plena luz del día”, comentó una residente de El Amparo en referencia a lo que ocurre en el paso de Costa de Caño. “Potero” o su equivalente en femenino es el nombre que reciben las personas que recogen el dinero que le corresponde al ELN por las extorsiones.

Relató, además, que un religioso pagó 150.000 pesos colombianos, equivalentes a 35 dólares, en el paso de canoa “Don Elías” por dos sacos de alimentos que transportaba desde Arauca hacia el centro del país. Los jefes de la GNB y del SENIAT conocieron el caso, pero aún no hay sanción a los responsables ni retorno del dinero al afectado.

En cada uno de estos pasos de canoa, además de un “potero” también suele estar un funcionario de la GNB, otro de la Marina y un policía, monitoreando la actividad de las más de 50 canoas que prestan el servicio de transporte fluvial entre El Amparo y Arauca.

Existen dos maneras de extorsionar en estos puertos de canoas, según detallaron las víctimas y los lugareños de la frontera. La primera se produce con el cobro individual por cada saco de mercancía trasladado entre Arauca y El Amparo. La segunda, por la mercancía al mayor que los comerciantes venezolanos compran en Arauca e ingresan a Venezuela.

En este paso fluvial, el traslado de confitería, víveres, productos de limpieza para el hogar e higiene personal, electrodomésticos, artefactos de línea blanca, medicinas, materiales y equipos agrícolas, entre otros productos, con destino a El Amparo y desde ahí hacia otros estados de Venezuela, se maneja en una zona gris.

A partir de enero de 2023, más de 50 camiones cargan en El Amparo mercancía

seca colombiana transportada desde Arauca, vía fluvial, hasta la orilla venezolana.

Dos especialistas y dos autoridades colombianas aclararon que este tipo de mercancía actualmente no pasa por el puente internacional José Antonio Páez, que une a El Amparo y Arauca, debido a la ausencia de una oficina de Aduana del lado colombiano, necesaria para que los comerciantes cumplan con las formalidades arancelarias legales de exportación e importación.

Esta situación es aprovechada por los funcionarios venezolanos del SENIAT, quienes exigen a discreción un pago a los propietarios de mercancías para su nacionalización, coincidieron 18 entrevistados que han tenido experiencia con el sistema y que consideraron este cobro como una extorsión.

La aduana del SENIAT está ubicada en el puente internacional José Antonio Páez. A esta oficina deben acudir los comerciantes para realizar el trámite de nacionalización y dejar el pago, pero antes la mercancía es recibida y relacionada en el río Arauca por un funcionario encargado de enviar el reporte a otro funcionario de la institución, dispuesto en la alcabala de “Puente de Lata”. Si en la alcabala detectan mercancías que no hayan sido relacionadas en el río, el comerciante debe pagar una extorsión al guardia o al funcionario del SENIAT que esté en esa alcabala para evitar la confiscación de la mercancía.

“El 50% de lo que recoge el SENIAT es de la guerrilla, el 50% restante se lo reparten entre el SENIAT y los militares. Hay cargas de mercancía que dejan hasta 50 millones de pesos, más de 12.000 dólares, en el SENIAT, relató fuente cercana a la aduana.

Lugareños critican que gran movilización de mercancía por el río Arauca no deje

beneficios a los Estados venezolano y colombiano.

Entre “los intocables” y el miedo

Además de toda la anarquía descrita, que orbita alrededor de la extorsión que impera en esta frontera binacional, en particular la que se dirige contra los migrantes y transportistas del lado venezolano, hay un fenómeno adicional que han detectado los lugareños, y con los que coincidieron trece personas consultadas.

En El Amparo, semanalmente, son cargados no menos de 50 camiones con mercancía procedente de Arauca, que no pagan extorsión en las alcabalas porque los propietarios forman parte de un grupo selecto de unas 30 personas, entre militares de alto rango y civiles del alto Gobierno, a quienes en el pueblo llaman “los intocables”.

Calles de El Amparo lucen deterioradas debido al tránsito de camiones, denuncian ampareños.

“La mercancía la pasan los camiones que contratan los militares y los civiles. Son 35 generales y los carros son como 50 o más. Los carros vienen de Calabozo, Ciudad Bolívar, Caracas, Valencia, Barinas, Puerto Cabello y Cumaná. Se mueven millones, pero a nadie le interesa pasar legal por el puente porque se ahorran un poco de impuestos. Los que están comiendo son los que están dentro de la rosca. Lo malo es estar fuera de la rosca”, expresó un testigo.

Según seis conductores del transporte público, los dueños de estos camiones monopolizaron el transporte y la colocación de la mercancía araucana en establecimientos comerciales de Venezuela, lo que ha reducido a los llamados “bachaqueros” que se movilizaban en el transporte público.

Las grandes cantidades de mercancía araucana no ingresan a Venezuela por el puente internacional José Antonio Páez pesar de la reapertura fronteriza.

La dinámica económica del río Arauca alrededor de estos camiones, aseguran lugareños relacionados con el gremio comercial colombo-venezolano, es irregular y beneficia solo a unos grupos, no a las poblaciones. “La clandestinidad es más fuerte que la acción del Estado colombiano y venezolano. En los puertos de El Amparo hay bandas conformadas por colombianos y venezolanos, lo más triste es que la misma guardia nacional, la misma Armada, se hacen de la vista gorda. No tengo datos de la mercancía, pero son millonadas”, afirmó un integrante del Comité Prodesarrollo Araucano, organización que agrupa a más de 50 profesionales, tecnólogos, sindicalistas y líderes comunales de la localidad colombiana.

Por las extorsiones y vejaciones en las alcabalas fijas y móviles, así como por temor a ser fichados o secuestrados por el grupo guerrillero ELN, funcionarios públicos colombianos entrevistados revelaron que decidieron, desde hace varios años, no cruzar a Venezuela porque saben que el principal extorsionador de los sectores productivos araucanos, el ELN, tiene su base de operaciones en El Amparo y controla todo el municipio venezolano José Antonio Páez.

A pesar de la reducción en aproximadamente 90% del flujo migratorio y de transporte de mercancía por la carretera de San Fernando de Apure hasta Arauca, la Personería de Arauca informó que en 2022 ingresaron a este departamento 40.205 personas y otras 23.800 salieron de esta localidad a través de cinco pasos fronterizos. De esta cantidad, se estima que más del 50% sufrió una extorsión en alguna de las alcabalas de la “ruta extorsiva de Apure” o en los pasos de canoa venezolanos.

Para ese mismo año 2022, también según datos de la Personería de Arauca, habitaban 80.443 venezolanos en este departamento colombiano, el segundo más poblado de Colombia después de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá y donde residen casi 400.000 venezolanos. Para llegar a Arauca, obligatoriamente, estos venezolanos transitaron la “ruta extorsiva de Apure” y sufrieron el impuesto verde oliva de la extorsión.